El presente escenario de masificación judicial vuelve imperioso el debate en el Congreso de una nueva ley que devuelva al sistema previsibilidad y reglas claras, permitiéndole a los diferentes actores abocarse a alcanzar el objetivo genuino del sistema de riesgos de trabajo que busca reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención.

De acuerdo a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el crecimiento de juicios registrado en los primeros ocho meses de 2008 fue de 56 por ciento, estimando para todo 2008 la apertura de casi 27.000 casos.

Este nivel de litigiosidad confirma la tendencia creciente de la tristemente célebre industria del juicio que comenzó a profundizarse a partir de 2005. En dicho año, las demandas iniciadas crecieron 77 por ciento frente a 2004, para un año más tarde mostrar un incremento anual de 71 por ciento, cuando totalizaron 11.697 casos.

En 2007, las demandas ingresadas a las ART, sin incluir los casos que se tramitan ante los jueces federales con competencia en las provincias o el fuero de la Seguridad Social (procedimiento de apelación propio contemplado en la Ley 24.557), sumaron 17.232 casos, 47 por ciento más que en 2006.

Si bien existe cierta correlación entre el nivel de accidentes laborales y el crecimiento del empleo, en los últimos años el sector advierte cierto desmanejo en el nivel de los reclamos judiciales. Ello se observa principalmente los últimos dos años; y en particular en el final de 2008, en el que el promedio mensual de los juicios iniciados se ubica por encima de los 2.100 casos, superando ampliamente la tendencia histórica.

Desde el punto de vista jurisdiccional surge del informe, tal como sucedió en 2007, que la provincia de Córdoba lidera el ranking con la mayor cantidad de casos iniciados en el año superando largamente a Buenos Aires.

Asimismo, la insuficiencia de las indemnizaciones actuales suma urgencia al tratamiento de una ley que pueda asegurar la protección de los trabajadores.

Esta realidad torna impostergables los cambios en la ley de ART que, sin dudas, debieran estar dentro de los temas prioritarios de la agenda parlamentaria del 2009.